EL MERIDIANO recorrió la zona y encontró las historias del
despojo.
Tierras compradas a 'peso de plomo'
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| Los despojados inundan el departamento de Córdoba |
El día que el gobierno de Juan Manuel Santos proclamó la Ley de Víctimas que pretende devolverles 2’481.000 hectáreas a víctimas de la violencia y campesinos, se desató en Colombia una disputa agraria de consecuencias insospechadas. Cualquier política de tierras afecta estructuras de poder, pero la que puso en marcha el actual gobierno, sitúa a todos los actores en una nueva espiral de violencia, censura, injusticias y expectativas inmanejables que los despojados califican de esperanza y los críticos de utopía.
Devolver la tierra despojada en el Urabá y en Córdoba, por mencionar el territorio donde la violencia propiciada por el paramilitarismo generó la más alta oleada de desplazamiento en Colombia, 160 mil personas solo en el departamento de Córdoba entre los años 1989 y 2011, según cifras del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), es una tarea titánica que implica acabar con una telaraña de intereses non sanctos por parte del narcotráfico y sus ejércitos de la muerte; del Estado y sus peculiares divagaciones jurídicas; de los ‘negociantes de la tierra’ y su dolo al aprovecharse del desposeído y de la víctima que se victimizó con el pasar de las décadas.
Si se cumpliera la meta no solo de clarificar la situación jurídica de la propiedad, sino que el propietario pudiese retornar, solo por poner un ejemplo: Montería, capital de Córdoba ubicada al norte de Colombia, tendría 50 mil personas menos en su zona urbana, ya que los desplazados retornarían a la ruralidad, lo que significaría que por lo menos 15 barrios de invasión con precarias condiciones de vida dejarían de existir. De esta forma se disminuye el cordón de miseria en la ciudad y se incrementa la productividad en el campo. Pero no es tan sencillo.
Si se cumpliera la meta no solo de clarificar la situación jurídica de la propiedad, sino que el propietario pudiese retornar, solo por poner un ejemplo: Montería, capital de Córdoba ubicada al norte de Colombia, tendría 50 mil personas menos en su zona urbana, ya que los desplazados retornarían a la ruralidad, lo que significaría que por lo menos 15 barrios de invasión con precarias condiciones de vida dejarían de existir. De esta forma se disminuye el cordón de miseria en la ciudad y se incrementa la productividad en el campo. Pero no es tan sencillo.
Estado y parceleros víctimas
Si tuviésemos que señalar una génesis contemporánea, las tierras adjudicadas por la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) a 250 parceleros es otro increíble ejemplo. Mario Cuitiva, presidente de la Asociación de Parceleros Desplazados de Santa Paula (margen izquierda de Montería), tiene documentados 60 casos de las tierras que por orden del paramilitar Fidel Castaño les regalaron en 1991 y se las arrebataron en una maniobra temible. Hasta el Municipio de Montería es víctima, pues recibió como donación un lote para un colegio, que hoy usurpa un tercero.
En la historia por fuera del tiempo
De la margen izquierda del río Sinú, entre Valencia y Montería, cientos de mujeres huyeron después que les asesinaron a sus maridos e hijos. María Zabala es una de ellas. Enterró en el patio de la vereda San Rafaelito a sus dos familiares, se refugió en un barrio de invasión en Montería y tras propiciar una lucha honesta logró que el extinto Incora les adjudicara una tierra. Pero el Instituto la puso a firmar su sentencia de esclavitud, porque ella y otras 14 mujeres tienen una deuda de 139 millones de pesos con el banco. La esperanza era la Ley de Víctimas, pero esta solo cobija a quienes fueron despojados desde 1991 en adelante. Zabala resultó víctima en 1990.
Pida restitución y gánese una amenaza
Siguiendo el recorrido sobre la línea divisoria entre San Pedro y Valencia, vive Gildardo Padilla, un campesino que sepultó a 11 familiares, víctimas de los paramilitares. Las tierras de su padre hoy están en manos de otros, mientras él conserva el fallo de la justicia que condena a varios miembros de las Auc a 40 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Gildardo fue hasta la Unidad de Restitución de Tierras en Montería. Días después recibió amenazas contra su vida. "Entonces, ¿quién me protege?", se pregunta.
Con tierra y con deudas
Por lo menos 20 mil cordobeses como Gildardo Padilla se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, algunos recibieron reparación administrativa, los restos de sus familiares tras las exhumaciones y dos casos emblemáticos en Córdoba terminaron en la restitución de las tierras. La normativa sí arrojó esperanzas para los despojados de las parcelas Costa de Oro (Montería) y El Porro (Tierralta), jurisdicción del departamento de Córdoba, luego de que Mancuso accedió a devolver los terrenos. En un inusual derroche de esperanza, la Fiscalía les devolvió los predios a los campesinos, pero la realidad salta a lo absurdo e insólito. Néstor Enrique Ospino Rodríguez, de Costa de Oro, se desplazó en 1994 y retornó en el 2009. Cuando iba a recoger su primera cosecha de maíz, le llegó el recibo del impuesto predial que le debe pagar al Municipio de Montería, por los años que su terreno estuvo en poder de los paramilitares.
Un muerto, 24 despojados y 800 hectáreas en manos de testaferros
La telaraña de historias sobre el despojo traza una ruta de impunidad desde el Urabá hasta Córdoba. Leoncio Manuel Mendoza Mejía, de 76 años de edad, se convirtió en el primer reclamante, a la luz de la Ley de Víctimas, en ser asesinado el 26 de noviembre de 2011 en Montería.
Las 800 hectáreas que tenía en San Pedro de Urabá las abandonó y otra parte la vendió bajo amenaza. Sus hijos, los herederos de una tierra que esperan sea reconocida como despojo por parte del paramilitar Jesús Ignacio Roldán, alias 'Monoleche', recluido en la cárcel Las Mercedes, aguardan en un barrio estrato uno, protegidos por dos escoltas de la policía que parquean su vehículo de gama alta en las afueras de una casa desvencijada en un barrio del suroccidente de Montería.
La joya de la restitución
Los que siguen creyendo en la reparación no se rinden pese a las amenazas y a los crímenes. La ley le devolvió dos títulos de propiedad de 31 hectáreas a los Salabarría, en el predio Mundo Nuevo (Montería); sin embargo, los 50 familiares desplazados no pueden retornar porque las bandas criminales se pasean por él. El caso de los Salabarría es inverosímil, el Gobierno asegura que los ha atendido siempre, y es cierto. Ha optado por mantenerlos desplazados durante 20 años, en seis ciudades distintas, para salvaguardarlos del peligro. Tanto los ha protegido que tuvo que devolverles los títulos de propiedad en el Comando de la Policía de Córdoba el 19 de noviembre de 2011.
Se abre el telón
Doce días después de que iniciara la nueva Ley de Víctimas (1º de enero de 2012), el Presidente Santos entregó algo que hace 6 años atrás el gobierno de su antecesor Álvaro Uribe, había otorgado. En un sentido discurso anunció que la revolución agraria comenzaba en Ayapel, Córdoba, al entregarles a 304 familias campesinas el predio Las Catas, de 4.672 hectáreas, confiscado a narcotraficantes. Al emotivo acto solo pudieron asistir 180 familias, que son las que viven allí en la actualidad, según informes internos del instituto.
Hernán Barrera Ensuncho, uno de los beneficiarios, solo tiene en su poder la resolución 1558 mediante la cual el Ministerio de Agricultura le asigna provisionalmente el predio el 8 de septiembre de 2006. Se ha quedado esperando la titulación efectiva que no llegó en enero de 2012 porque no se ha clarificado la situación jurídica del predio.
Víctor Negrete, el investigador social que más ha estudiado estos temas en Córdoba, conceptúa que es compleja y riesgosa la restitución en medio de la violencia. "Es muy difícil mientras no se castigue a los despojadores, que no son solo los que están en las cárceles, sino los que estando libres siguen intimidando a la población cordobesa para no devolver lo que le arrebataron. La gente tiene miedo y no está acudiendo en masa a reclamar sus derechos".
Todas las víctimas descritas han pasado por Montería y la mayoría se ha quedado. La capital es entonces una urbe que respira desplazamiento desde la década de los años 70. En cada esquina de esta ciudad de 500 mil habitantes se observan las caras desdibujadas, por el dolor o por el rencor, de quienes lo perdieron todo. El tema tierras no admite discusiones en sitios públicos, pero es indefectiblemente palpable en el sur y occidente de esta ciudad.
En los pasillos de la Fiscalía de Justicia y Paz o en la Defensoría del Pueblo, el río humano de desposeídos divaga con los documentos que certifican que son dueños de algo en algún lugar del Urabá y de Córdoba. De día buscan la esperanza cobijados por las leyes que se inventaron en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y en el actual de Juan Manuel Santos Calderón, y de noche regresan a sus casas de invasión, ubicadas a orillas de canales putrefactos. Esa es la única tierra que tienen, 8 metros cuadrados de pobreza, en el campo están las hectáreas que abandonaron o mal vendieron a quienes los despojaron de manera directa o indirecta.
