"Si la Alcaldía de Montería tiene cojones debería solicitar restitución, porque un predio que fue donado por una fundación fachada para la construcción de un colegio terminó en poder de un hacendado".
Mario Cuitiva tiene la fotocopia de la escritura del 12 de febrero de 1999, mediante la cual Funpazcord le donó al Municipio de Montería dos hectáreas y cuatro mil metros cuadrados para el colegio de los hijos de los 250 parceleros de la región, a quienes también les repartió tierras. El documento lo firmaron Luis Fragoso Pupo, representante legal de la fundación (fallecido) y el entonces alcalde de Montería, Francisco Burgos de la Espriella.
El líder de la Asociación de Desplazados de Santa Paula (Adepsa) tiene archivado cada caso en una maleta vieja que guarda debajo de su cama en su vivienda en la margen izquierda del río Sinú, Montería. En cada carpeta hay escrituras, certificado de libertad y tradición del predio, registro de inscripción de la víctima ante Justicia y Paz y certificado de desplazado. Los 60 parceleros son sus hermanos de causa. Se unieron más a partir del asesinato de Yolanda Izquierdo, ocurrido el 31 de enero de 2007, del crimen se señala como presunta responsable a Sor Teresa Gómez.
Aunque los parceleros tienen miedo, no callan. Mario Cuitiva posee un oficio del 16 de junio de 2009, enviado por Luis Rohenes Herazo, rector de la Institución Educativa de Leticia, al asesor jurídico de la Alcaldía de entonces, Juan Antonio Arrieta Flórez, en el que revela que el lote destinado al colegio
"se encuentra ocupado por el propietario o administrador de la finca que lo rodea: el señor Diego Sierra, quien lo viene usufructuando desde hace varios años sin que exista contrato legal entre dicho señor, la alcaldía o el rector de la institución...".El alcalde de la época del oficio era Marcos Daniel Pineda. Nadie le quiso poner el cascabel a ese tigre.
Así fue el despojo
Lázaro de León, el ex notario que en 2011 resultó investigado por la Fiscalía por plagiar tesis de grado para participar en el concurso de la Superintendencia de Notariado en 2006 y 2007, fue quien fijó su rúbrica en las escrituras de donación de Funpazcord.La parcela número 48, de cinco hectáreas, le fue donada a Mario Cuitiva según consta en la escritura del 30 de diciembre de 1991. La fundación le prohibía a los parceleros "vender, hipotecar, limitar el dominio donado mediante esta escritura pública, sin previo permiso o autorización escrita expedida por Funpazcord".
Nueve años después, el 20 de octubre de 2000, en la misma notaría el parcelero figura vendiendo a Gabriela Inés Henao Montoya, y así como él, otros campesinos, quienes aseguran que jamás firmaron de buena voluntad, sino intimidados por la presidenta de Funpazcord. "Ella nos decía: la compañía necesita las tierras y la orden viene de arriba". Mario relata que a él le dieron tres millones de pesos.
Sin embargo, las amenazas a Mario Cuitiva no cesan. Según documentos de la Fiscalía, el 25 de marzo de 2009 y el 13 de octubre de 2010 solicitó medida de protección debido a amenazas. El pasado 12 de enero de 2012, con este medio de testigo, entró como pudo a la inauguración de la Oficina de Restitución de Tierras de Montería, y le entregó una carta al presidente Juan Manuel Santos. El Presidente le pasó la pelota al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, quien dialogó con el resistente por escasos minutos.
El miedo carcome a los desplazados de Santa Paula, pero Mario Cuitiva no se detiene. En marzo pasado recogió entre sus vecinos el valor para fotocopiar algunos de los expedientes, abordó una mototaxi y llegó al Centro de Convenciones de Montería donde el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, sostenía una reunión con los notarios de Córdoba. Entró al recinto y le dijo: "aquí le entrego el sufrimiento de los despojados de Funpazcord. 12 años después seguimos esperando justicia". Los documentos fueron a parar al maletín del Superintendente.
"Quiera Dios que este sí tenga cojones", dijo Cuitiva cuando le dio la espalda.
