"La política de tierras tiene muchos enemigos": Ministro de Agricultura

La política de tierras implica retos: devolver las tierras en medio de un conflicto que está vivo y desenredar la telaraña jurídica de la propiedad. Nada fácil. Sin embargo, el desafío está planteado y requiere que todas las entidades que tienen la misión de hacerlo: ministerios de Agricultura y Defensa, Unidad de Restitución de Tierras, Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) y la Superintendencia de Notariado y Registro, le metan el acelerador al tema y vayan en la misma dirección.

El 19 de noviembre de 2011, el Incoder le restituyó dos predios a la familia Salabarría. En la foto: Ana Teresa Bernal, Maritza Salabarría y el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo





Cuando se quiso que las entidades caminaran derechito y rapidito, rodó la primera cabeza: la del director del Incoder, Juan Manuel Ospina, quien en palabras del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, salió porque iba a 10 km por hora.

El panorama desalentador y los casos adversos no hacen retroceder al responsable de la política de tierras, Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura. Se le mide a analizar el tema y a intentar explicar que a pesar de las complejidades denunciadas en esta investigación de EL MERIDIANO de Córdoba, la misión avanza.

  • ¿Es posible la política de tierras en medio del conflicto?
Si es posible, puesto que la política va orientada a beneficiar población campesina vulnerable y población desplazada, lo cual propiciará la paz. La política de tierras es la respuesta a las peores crisis estructurales del conflicto agrario en Colombia: abandono de tierras y despojo por causa del conflicto armado, inequidad en la distribuciónde tierras, mal uso de los suelos, negligencia del Estado, informalidad en la tenencia de la tierra. Estas son acciones que requiere un país que se presume ser un Estado Social de Derecho, en parte el conflicto se debe a la ausencia de estas políticas.

  • Usted dice que la política de tierras tiene enemigos. ¿Quiénes son?
Existen múltiples enemigos desde diversos intereses o sectores. Los enemigos son todos aquellos ilegales que se apropiaron y pretenden seguir conservando tierras despojadas o abandonadas por el conflicto armado, y se pretenden oponer a la política a través de vías de hecho.

Hay un grupo de enemigos que permanecen en la legalidad, pero que quieren conservar las tierras despojadas y abandonadas que adquirieron. Estos enemigos se opondrán mediante recursos jurídicos.

Hay enemigos en sectores políticos que debido a su discurso e ideología se oponen a toda iniciativa del Gobierno, sin valorar cuán importante o beneficiosa para las personas ésta pueda llegar a ser.

Otros enemigos son los indiferentes que no participan en la construcción de la política, no se interesan por la grave crisis social y humanitaria que afrontan los miles de colombianos que están desplazados de sus lugares de origen.

Existen múltiples enemigos desde diversos intereses o sectores. Los enemigos son todos aquellos ilegales que se apropiaron y pretenden seguir conservando tierras despojadas o abandonadas por el conflicto armado, y se pretenden oponer a la política a través de vías de hecho.

Hay un grupo de enemigos que permanece en la legalidad, pero que quieren conservar las tierras despojadas y abandonadas que adquirieron. Estos enemigos se opondrán mediante recursos jurídicos.

Hay enemigos en sectores políticos que debido a su discurso e ideología se oponen a toda iniciativa del Gobierno, sin valorar cuan importante o beneficiosa pueda llegar a ser esta para las personas.

Otros enemigos son los indiferentes que no participan en la construcción de la política y no se interesan por la grave crisis social y humanitaria que afrontan los miles de colombianos que están desplazados de sus lugares de origen.

Las víctimas del despojo en Córdoba aseguran que la política genera demasiadas expectativas, y que el alcance es extremadamente lento.

Ejemplo: Incoder no ha podido resolver la parcelación del predio Mundo Nuevo, en el que está inmerso el caso de Maritza Salabarría, un desplazamiento de 20 años.

Claro que esta política genera expectativas. Se trata de activar soluciones a una serie de injusticias sociales y negligencias institucionales. Todo el país debería tener la expectativa y la esperanza puesta en que esta política va a lograr contribuir a la resolución de los problemas agrarios.

El problema no son las grandes expectativas, es la ansiedad. El país debe ser consciente de que nadie puede hacer estas transformaciones de la noche a la mañana. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se fijó 10 años para ser implementada.

  • ¿Quién miente?¿La víctima que asegura que el Gobierno la dejó sola porque no puede volver a la tierra debido a la inseguridad o el Gobierno que diría que ya cumplió con la restitución de la tierra (caso Salabarría)?

Aquí no se trata de mentir. La solución al caso de los Salabarría se ha logrado en un importante porcentaje, y solo es cuestión de tiempo culminar los procesos que contribuyan al restablecimiento jurídico.

El tema de la seguridad es una variable importante, no queremos exponer a las víctimas a hechos que las 'revictimicen'. En el caso de Salabarría hemos tomado las medidas necesarias con todas las entidades para identificar y prevenir los riesgos. Los organismos de seguridad nos han dado parte positivo sobre la situación de seguridad.

En todo caso, la percepción de inseguridad de los Salabarría es válida, por eso hemos insistido en que se vuelva a hacer un análisis del riesgo, y se tomen las medidas que permitan, en condiciones de seguridad, el retorno de esta familia.


  • ¿De qué le sirve a un campesino que le devuelvan lo que le quitaron, convertido en potrero, sino tiene para proyectos productivos, como le sucede a los Salabarría o a los de Costa de Oro?

Nunca hemos pensado que la restitución llegue solo hasta entregar la tierra. Es clara la apuesta del Gobierno Nacional por restituir las tierras en condiciones que garanticen el retorno sostenible y digno.

La apuesta por hacer productiva la tierra, luego de la seguridad, es el reto más grande al que se enfrenta esta política. Queremos devolver tierras a los campesinos con títulos de propiedad, con desarrollo productivo, con asistencia, crédito, etc.

  • Hay campesinos que lo perdieron todo y que vía Incora e Incoder accedieron a tierras, pero bajo la política de pagar el 30 por ciento del valor de la misma. Fueron víctimas de despojo y ahora le deben al Estado. ¿Por qué no les condonan las deudas?

Dentro de las medidas que se deben tomar en la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras se contemplarán programas para el alivio de pasivos de las víctimas. Este será un asunto que deberá ser pensado y formulado. Usted ha dicho que el Incoder va a 10 km por hora. En las regiones dicen que no avanza, que sigue habiendo corrupción, que hay demasiados intereses para no esclarecer los temas de la tenencia de la tierra.

El Incoder sigue siendo una entidad difícil a la que todavía hay que seguir aplicándole correctivos. Se espera con la nueva gerencia que esas medidas y transformaciones se hagan de manera más pronta y eficaz.

El Incoder es esencial en la aplicación de la política de tierras y desarrollo rural. El objetivo es mejorar el Incoder, hacer que las percepciones negativas cambien, y eso solo se logra con acciones y efectividad. Por eso, insisto, iba a 10 y tendrá que ir al 100 por ciento.


  • ¿Cuál es su lectura de la disputa de la tierra en Córdoba?
Córdoba ha tenido una trágica historia de violencia que no ha cesado en los últimos 50 años.

En su geografía, atractiva por su ubicación estratégica y su salida al mar, han hecho presencia grupos armados ilegales, guerrilla, paramilitarismo y ahora bandas criminales. Ha sido el narcotráfico la principal causa del conflicto; la lucha por el dominio territorial para el cultivo y tráfico de drogas ilícitas y la disputa entre grupos ilegales, las circunstancias que han expuesto a los pobladores y campesinos a los peores rigores de la guerra.

Córdoba figura como uno de los departamentos con mayor densidad de despojo de tierras por la violencia.

Valencia, Tierralta, Puerto Libertador, Montelíbano y Montería figuran entre los municipios de Colombia con las más altas cifras de tierras abandonadas. Hemos hablado del caso de la familia Salabarría, por la forma cómo se dio la violencia en esa zona rural de Montería.

Seguramente los Salabarría no fueron los únicos afectados, pues la presencia de grupos ilegales, las amenazas, los homicidios y el posterior abandono forzado de tierras y despojo fue algo generalizado.


  • ¿Cómo desenredar la madeja jurídica de la propiedad, sin que el tiempo se 'coma' las ganas y el deseo de mostrar unos resultados?
Las medidas que estamos tomando es crear equipos técnicos fuertes con personal cualificado que asuma una pronta y diligente respuesta.

Reactivar casos que dormían en las gavetas desde hace muchas décadas y que nunca habían sido resueltos, y hacer una agresiva implementación de los diversos componentes de la política de tierras que contribuyan a desenredar el problema de la propiedad, como la formalización, la titulación y los procesos agrarios de clarificación, deslinde y recuperación de baldíos.