El conflicto por la tierra |
| Para forzar el abandono de las tierras, los grupos armados cometen asesinatos atroces contra la población residente |
Lo que comenzaron ‘Los tangueros’ de Fidel Castaño, posteriormente autodefensas, en los municipios de San Pedro, Necoclí y Apartadó (Antioquia), rápidamente se extendió a Córdoba a las localidades de Valencia, Tierralta y Montería.
La situación se desbordó tanto,
que hoy Córdoba es el octavo departamento más afectado por el desplazamiento
forzado en el país. Tiene 160 mil campesinos desarraigados del millón 400 mil
habitantes que posee en su territorio, según el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Una población itinerante que se mueve de
un lado a otro, perdida y permanentemente amenazada si intenta solicitar la
restitución de sus derechos. Montería, la capital cordobesa, se constituye como
el municipio de mayor recepción de desplazados, el 10% de su gente es
refugiada. La situación puede ser mucho peor, porque más del 43% de las
personas que rindieron declaración de su condición no fueron incluidas en el
Registro Único de Población Desplazada.
El tema ha sido abordado de
distintas maneras por los diversos organismos del Estado, pero nunca
conjuntamente. La Defensoría del Pueblo profirió una resolución, la 058 del 14 de
abril de 2010, que fue el resultado de las reuniones con las víctimas, las
cuales se siguen haciendo bajo las más estrictas medidas de seguridad. Impacta
la forma cómo estas llegan a los sitios dispuestos para los encuentros.
Son
recibidas por una nube de escoltas que se aseguran que nada las perturbe. Ya
vienen perturbadas por lo que les sucedió en el pasado.
La Defensoría monitorea las
zonas de riesgo y emite así alertas tempranas que más que contener la oleada de
violencia, explican lo grave que se torna el tema tierras, como raíz y germen
del conflicto en Colombia, explicó Julia Rodríguez, defensora del Pueblo en Córdoba. La resolución fue engavetada por más de dos años,
ninguna autoridad le prestó atención.
En abril de 2012 llegó una
orden del Ministerio de Agricultura a la regional del Instituto Colombiano para
el Desarrollo Rural (Incoder), en la que exige atender los cuestionamientos de
la resolución que nadie nunca antes miró. Un funcionario del Instituto dice que
ahora sí quieren ponerle el acelerador a los resultados frente a temas como
Derechos Humanos y especialmente la política de tierras de este Gobierno, que
la Comunidad Internacional conoce con excesivo 'bombo'.
El territorio en disputa
Córdoba es un departamento de
23.980 kilómetros cuadrados, distribuidos de una manera inequitativa. Las grandes
extensiones de tierras productivas están en manos de una pequeña élite,
mientras que la gran masa se debate en medio de la pobreza. El 53.53% de los
hogares cordobeses tiene las necesidades básicas insatisfechas, mientras que un
23.91% se encuentra en la miseria absoluta, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Solo por poner un ejemplo histórico, en 1970 un 4% de la población poseía el 86% de la tierra en el departamento de Córdoba. Actualmente la tendencia es a la concentración de la tierra, pues en este, en la margen izquierda del río Sinú, el 12% de la población posee el 80% de la misma.
El territorio en disputa en
Córdoba pinta en el mapa 11 puntos rojos (ver mapa) en donde la pelea por la
tierra está que arde, bien sea porque los actores armados no permiten que los
beneficiarios gocen de los predios, o porque el Incoder readjudicó lo que ya
tenía dueño o porque los campesinos no viven allí porque el Estado no los dotó
de proyectos productivos, según lo pudo constatar EL MERIDIANO al recorrer esa
ruta del despojo.
Tipologías del despojo
Los vacíos legales en la
tenencia de la tierra han facilitado la apropiación y desalojo de campesinos
por parte de actores armados al margen de la ley, grandes propietarios y
sectores económicos que explotan los recursos naturales. El total de hectáreas usurpadas
o forzadas a dejar en abandono durante los últimos 11 años sería del orden de
5.5 millones (equivalentes al 10.8% de la superficie agropecuaria del país), de
esos millones a la Costa Caribe le corresponde el 38.2% . Al hacer el recorrido en Urába
y Córdoba, los testimonios confirman la caracterización de cinco tipologías del
despojo de la tierra:
1. Desalojo de campesinos por
parte de paramilitares, algunas veces mediante asesinatos de personas y
masacres que obligaron a sus familias a vender y que también causaron
desplazamiento; Caso Los Padilla en Urabá antioqueño (límites con Córdoba); o
mediante quema de sus viviendas, caso Maritza Salabarría, Mundo Nuevo, en zona
rural de Montería, Córdoba.
2. Desplazamientos por la
llamada Casa Castaño, que se apoderó de predios. Luego llegaron otros
paramilitares y volvieron a desplazar. Caso Costa de Oro, en Tierralta,
Córdoba.
3. Tierras entregadas por el
Gobierno a campesinos, que después los paramilitares compraron a ‘peso de
plomo’. Caso El Tronco en Montería, Córdoba.
4. Familias beneficiarias de
tierras por parte del Incora, que no pudieron establecerse por razones de
seguridad, ya que eran señaladas de ser colaboradoras de actores armados. Caso
El Quindío, Valencia, Córdoba.
5. Asesinato de líderes que han
abogado por la recuperación y acceso a las tierras por parte de los campesinos.
Caso Leoncio Manuel Mendoza Mejía, Urabá Antioqueño.
El paso a seguir
El tema no es fácil. Según
datos de la Universidad de los Andes publicados en la Revista Semana, entre 1961 y 2010 se titularon 23
millones de hectáreas, de las cuales el 92 por ciento fueron baldíos entregados
a campesinos o a grupos étnicos. Sin embargo, en los últimos 20 años 6.6
millones de hectáreas le fueron despojadas a campesinos y por lo menos 3
millones al Estado.
Sin embargo y pese a estudios y
cifras, el Estado no sabe a ciencia cierta cuántos terrenos baldíos tiene ni
dónde están ubicados. Tampoco tiene claridad sobre la tierra en manos de
campesinos, quienes tienen títulos que nunca registraron. Tampoco ha
dimensionado la corrupción que se escondió por años en las entidades como el
Incora y el Incoder. El primero, adjudicó tierras que posteriormente
abandonaron campesinos como consecuencia de la violencia, y esas mismas
parcelas se las readjudicó a otras personas que las usufructúan y tienen
papeles para demostrar que es legal.
Luego llegó el Incoder y continuó la
maniobra de legalizar la tenencia, pero no a favor de los campesinos. El caso
de los Salabarría explica el embrollo, y pone de presente un nudo gordiano que
le costó la renuncia al director del Incoder, Juan Manuel Ospina.
Por su parte, la
Superintendencia de Notariado y Registro está haciendo una labor titánica, pero
el lío es tan monumental, que tomará mucho tiempo desenredar la madeja de
corrupción y escasez de información de unos 40 años.
