Leoncio Mendoza Cárdenas no confía en nada ni en nadie. Solo en Dios. "No he perdido la fe, es solo que perdí la tranquilidad después de que me mataran a mi padre". El 26 de noviembre de 2011 fue asesinado Leoncio Manuel Mendoza Mejía, el primer líder de restitución de tierras que cae en Córdoba a la luz de la nueva Ley de Víctimas.
La pesadilla para los 24 hermanos Mendoza comenzó 19 años atrás, cuando los despojaron de 14 predios de unas 800 hectáreas que tenían sus padres en zona rural de Arboletes y San Pedro de Urabá. "Esto es invivible, es tortuoso", asegura Leoncio hijo.
Leoncio Mendoza Mejía es la clásica víctima en Colombia, que una vez surgió la Ley 975 de 2000, de Justicia y Paz, siguió todos los pasos para acceder al reconocimiento como víctima y a la reparación.
Sin embargo, la prioridad eran casos de muerte y desaparición forzada,
por lo que debió esperar otros 12 años hasta que se pusiera en marcha la
nueva Ley de Víctimas, que sí reconoce el despojo y la restitución para
casos ocurridos desde 1991.
"Si el viejo Leoncio no se había cansado de huir, menos se cansaría en su devuelta", recuerda su hijo que le escuchaba decir a su padre cuando se reunía con el abogado o simplemente iba a esperar afuera de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, a que culminaran las audiencias con los paramilitares responsables del despojo. Leoncio hijo recuerda que entre el 31 de mayo y el 4 de junio de 2010 se hicieron varias audiencias en la Fiscalía en las que se habló del despojo de tierras en el Urabá. "De allí en adelante no ha pasado nada, todo quedó estancado".
En Santa Catalina, San Pedro de Urabá (Antioquia), y Las Tangas, en el municipio de Valencia (Córdoba) se asentaron los paras, más exactamente los temidos hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño. A partir de 1990, luego de engatusar al país con la falsa donación de las tierras en Santa Paula y Cedro Cocido (Montería) a través de Funpazcord, desataron las más sangrienta persecución contra parceleros.
"La violencia obligó a mi papá a vender las tierras a 'peso de plomo'", dice el hijo.
Varias de las propiedades aparecen a nombre de Luis Carlos Suárez, según rezan los documentos de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo.
Leoncio Mendoza hijo, sostiene que su padre y su familia fueron objeto de presiones de todo tipo. "Uno a uno fuimos saliendo, no teníamos opción".
Él y su hermano Eliécer siguen en la lucha. Se asociaron a Tierra y vida, ONG que trabaja con las víctimas, y no renuncian a recuperar el patrimonio familiar. En el año 2010 hubo una diligencia de inspección del terreno en el Urabá, "cuatro años después no ha sucedido nada, seguimos esperando que la verdad se esclarezca", anota Leoncio con tristeza.
Los hermanos Mendoza quieren recuperar lo que les arrebataron, no desean vivir escoltados el resto de sus vidas, como de hecho les sucede, ni asistiendo periódicamente a las oficinas judiciales a denunciar lo que ya las autoridades han documentando con lujo de detalles.
El superintendente de Notario y Registro Jorge Enrique Vélez, explica que "el caso está en la lista de los urgentes porque tipifica la crítica situación de tierras en el Urabá", una lista larga que también tiene la Fiscalía desde que entró en vigencia la ley mediante la cual desmovilizaron los paramilitares en el 2004.
La pesadilla para los 24 hermanos Mendoza comenzó 19 años atrás, cuando los despojaron de 14 predios de unas 800 hectáreas que tenían sus padres en zona rural de Arboletes y San Pedro de Urabá. "Esto es invivible, es tortuoso", asegura Leoncio hijo.
La víctima
Dos días antes del asesinato de Leoncio Manuel, de 76 años de edad, estuvo en la Defensoría del Pueblo, para pasarle revista a su caso. "Era un anciano respetuoso y cálido, que parecía haberle perdido el miedo a huir", dice la abogada de la entidad que llevaba su caso. Ya para entonces había vivido en Barranquilla, Bucaramanga, (Maracaibo) Venezuela y cansando de deambular regresó a Montería a encarar su realidad. Los paramilitares le advirtieron: "No reclame y váyase". "Nunca debí irme y por eso estoy aquí", le dijo a la abogada el día que regresó para quedarse.Leoncio Mendoza Mejía es la clásica víctima en Colombia, que una vez surgió la Ley 975 de 2000, de Justicia y Paz, siguió todos los pasos para acceder al reconocimiento como víctima y a la reparación.
"Si el viejo Leoncio no se había cansado de huir, menos se cansaría en su devuelta", recuerda su hijo que le escuchaba decir a su padre cuando se reunía con el abogado o simplemente iba a esperar afuera de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, a que culminaran las audiencias con los paramilitares responsables del despojo. Leoncio hijo recuerda que entre el 31 de mayo y el 4 de junio de 2010 se hicieron varias audiencias en la Fiscalía en las que se habló del despojo de tierras en el Urabá. "De allí en adelante no ha pasado nada, todo quedó estancado".
En Santa Catalina, San Pedro de Urabá (Antioquia), y Las Tangas, en el municipio de Valencia (Córdoba) se asentaron los paras, más exactamente los temidos hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño. A partir de 1990, luego de engatusar al país con la falsa donación de las tierras en Santa Paula y Cedro Cocido (Montería) a través de Funpazcord, desataron las más sangrienta persecución contra parceleros.
"La violencia obligó a mi papá a vender las tierras a 'peso de plomo'", dice el hijo.
Varias de las propiedades aparecen a nombre de Luis Carlos Suárez, según rezan los documentos de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo.
Él y su hermano Eliécer siguen en la lucha. Se asociaron a Tierra y vida, ONG que trabaja con las víctimas, y no renuncian a recuperar el patrimonio familiar. En el año 2010 hubo una diligencia de inspección del terreno en el Urabá, "cuatro años después no ha sucedido nada, seguimos esperando que la verdad se esclarezca", anota Leoncio con tristeza.
Los hermanos Mendoza quieren recuperar lo que les arrebataron, no desean vivir escoltados el resto de sus vidas, como de hecho les sucede, ni asistiendo periódicamente a las oficinas judiciales a denunciar lo que ya las autoridades han documentando con lujo de detalles.
El superintendente de Notario y Registro Jorge Enrique Vélez, explica que "el caso está en la lista de los urgentes porque tipifica la crítica situación de tierras en el Urabá", una lista larga que también tiene la Fiscalía desde que entró en vigencia la ley mediante la cual desmovilizaron los paramilitares en el 2004.
