La de María Eugenia Zabala es una "historia de tragedia y superación". Esas son las palabras con las que esta mujer define su vida. El 14 de diciembre de 1989 le asesinaron a su esposo, Antonio Polo, y a un hijo de crianza, entonces vio reducirse a cenizas todo lo que tenían. Los violentos habían llegado para quedarse a la vereda San Rafaelito, margen izquierda del río Sinú, zona rural de Montería.
"Sepan que los vamos a matar a todos", fue la frase que se le quedó grabada a María Zabala. Huyó con su familia y se refugió en un barrio de invasión, en donde sin agua potable, luz eléctrica ni escuela volvió a comenzar. Perdonó a las autodefensas, pero no olvidó.
María Zabala es el ícono de las viudas que en toda la zona de la margen izquierda de Montería no se rindieron a pesar de cargar a cuestas el estigma de ser víctimas de la violencia. Con la orientación de la Corporación María Cano, María Zabala comenzó a hacer una convocatoria para integrar un grupo que aspirara al programa de adjudicación de tierras del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora). Quisieron que el Estado les restituyera, pero lo hizo parcialmente, ya que a las 15 mujeres de Valle Encantado, como fue denominado el proyecto, les tocaba meterse la mano al bolsillo para aspirar a ser nuevamente propietarias.
La negociación del predio la hicieron en presencia del gerente del Incora de entonces, Bernardo Duque Náder, y Carlos Sotomayor, dueño de la finca que les iba a ser entregada (en la actualidad es el gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, entidad que está siendo investigada por la Fiscalía por haber adquirido tierras que le habrían sido despojadas a los campesinos del Urabá antioqueño).
Las mujeres siempre se quejaron de que nunca les mostraron el avalúo del predio, y aun desconociendo sobre negociaciones de tierras compraron 128 hectáreas. Se fueron a la tierra y se hicieron asistir por varias organizaciones; sin embargo, la improductividad del territorio era el cuchillo en la garganta de las nuevas propietarias, porque nunca pudieron reunir lo que necesitaban para pagarle al banco el 30 por ciento del valor del terreno, según lo acordado.
Sin la claridad de cómo cubrir la deuda, enfrentaron nuevamente la violencia, ya que los paramilitares se extendieron desde Valencia hasta Montería, y pretendían que los campesinos se unieran a su causa, bien fuera entregando a sus hijos a los ejércitos de la muerte, o haciendo parte de sus proyectos productivos de ganadería. Como las mujeres de Valle Encantado se negaron, con María Zabala a la cabeza, las amenazas arreciaron y algunas nuevamente se desplazaron.
María Zabala es el ícono de las viudas que en toda la zona de la margen izquierda de Montería no se rindieron a pesar de cargar a cuestas el estigma de ser víctimas de la violencia. Con la orientación de la Corporación María Cano, María Zabala comenzó a hacer una convocatoria para integrar un grupo que aspirara al programa de adjudicación de tierras del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora). Quisieron que el Estado les restituyera, pero lo hizo parcialmente, ya que a las 15 mujeres de Valle Encantado, como fue denominado el proyecto, les tocaba meterse la mano al bolsillo para aspirar a ser nuevamente propietarias.
La negociación del predio la hicieron en presencia del gerente del Incora de entonces, Bernardo Duque Náder, y Carlos Sotomayor, dueño de la finca que les iba a ser entregada (en la actualidad es el gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, entidad que está siendo investigada por la Fiscalía por haber adquirido tierras que le habrían sido despojadas a los campesinos del Urabá antioqueño).
Sin la claridad de cómo cubrir la deuda, enfrentaron nuevamente la violencia, ya que los paramilitares se extendieron desde Valencia hasta Montería, y pretendían que los campesinos se unieran a su causa, bien fuera entregando a sus hijos a los ejércitos de la muerte, o haciendo parte de sus proyectos productivos de ganadería. Como las mujeres de Valle Encantado se negaron, con María Zabala a la cabeza, las amenazas arreciaron y algunas nuevamente se desplazaron.
Con la deuda a cuestas y la tragedia pisándole los talones, María Zabala se alió con diversas organizaciones para dar a conocer su caso. Un pequeño golpe de suerte la hizo merecedora del Premio Mujer Cafam, que le otorgó 14 millones de pesos, dinero que aportó para acogerse al Pran, un programa de alivios durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. La deuda de 300 millones de pesos quedó en 120 millones.
María es una mujer luchadora. 20 años después de enterrar los cuerpos de su marido y su hijastro, la Ley de Justicia y Paz le permitió la exhumación de los restos y por fin pudo darles cristiana sepultura. Ahora ruega porque la Ley de Víctimas corrija su falla y les condone la deuda por una tierra que se merecen. Pero eso no está contemplado porque la violencia los golpeó antes de 1991, y la Ley de Víctimas beneficia solo a quienes sufrieron a partir de esa fecha.
