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| A 60 parceleros de Costa de Oro como Néstor Ospino el Municipio de Montería les está cobrando una deuda por concepto de Impuesto Predial. |
El caso de Néstor Enrique Ospino es el más claro ejemplo del callejón sin salida que recorre la víctima. En su historia se refleja la ausencia de Estado, que dejó a los campesinos a merced de las autodefensas en 1994; se observa la paquidermia de la justicia para actuar, porque solo 14 años después del desplazamiento entró a resarcir los derechos de la población, al devolverles en el 2009 las tierras que les arrebataron los violentos; y cuando se creía todo resuelto, la realidad salta a lo absurdo e insólito, porque ahora el Estado le cobra a Néstor Ospino y a todos los demás el impuesto predial generado durante el tiempo que los paramilitares usufructuaron el terreno.
La sumisión y el miedo llevó a los parceleros a agachar la cabeza hasta 1994, cuando varios de ellos se rebelaron y decidieron cultivar sus productos. Las autodefensas castigaron la desobediencia descuartizando a Narciso Montes, cuyos restos los lanzaron al río Sinú; desaparecieron a Luis Bolaños; y mataron a bala a Eduardo Gómez. "Todos salimos desplazados", relata Néstor Ospino, quien tiene su parcela en Costa de Oro. Los desarraigados se hacinaron en los barrios marginales de Montería y a orillas de la Ciénaga Grande de Lorica, donde la propiedad de la tierra también es un lío indescifrable en Córdoba.
Resignados, dieron por perdido el territorio por el que pagaron el 30 por ciento del valor al Estado colombiano, que asumió el 70 por ciento restante. Para salir con vida, algunos tuvieron que firmar promesas de compraventa de las parcelas.
En la repartición de las zonas de Córdoba entre las autodefensas, Salvatore Mancuso asumió el control del territorio donde están las parcelas, que colindan con el corregimiento Volador, jurisdicción del municipio de Tierralta. A principios de la década del 2000 este lugar se convirtió en una ruta prohibida para cualquier civil. En este punto se celebraron comprometedores encuentros entre políticos y autodefensas. De ahí que los pobladores hayan sido silenciados a la fuerza desplazándolos de la zona, o a las buenas, 'empleándolos' en los distintos trabajos que ofrecían los paras.
El fiscal Leonardo Cabana, quien llevó el proceso, se valió de todos los argumentos para recuperar el territorio y conducir a los paramilitares a confesar y a reconocer el despojo de tierras. "Fuimos sorprendidos por la generosidad de nuestro victimario que aceptó devolver las parcelas", dice Néstor Enrique Ospina Rodríguez. Fue así como el 26 de junio de 2008, en una ceremonia especial en Costa de Oro, en presencia de representantes de la Fiscalía, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y de la Comisión de Reparación, les devolvieron Costa de Oro a los 60 parceleros, mediante "acta de entrega de un bien con fines de restitución" (ver facsímil).
Se creería que el Estado cumplió, pero EL MERIDIANO accedió a los recibos de impuesto predial de los pobladores (ver facsímil) y corroboró la increíble historia: deudas que oscilan entre un millón y dos millones de pesos, correspondientes a los años que estuvieron desplazados de Costa de Oro, y que ahora tienen la obligación de pagarle al Municipio de Montería. "Hemos hablado en la Alcaldía, pero nadie nos escucha, cómo vamos a pagar por lo que no teníamos. Por qué no le cobran ese impuesto a los paras", reflexiona Néstor desde su parcela a orilla del río Sinú.
'El Porro' al ritmo de las BACRIM
A dos horas por una trocha que se pierde en las faldas del Paramillo están las parcelas El Porro y ahí vive Jesús Antonio Pulgarín. A él no parecieran pasarle los años con toda la violencia que le tocó sentir, ni tampoco la soledad, que es su única compañía y realidad en la cumbre de una montaña.
En el 2009 también recibió de manos del fiscal Cabana su título de propiedad y la promesa de que “el Estado le cumplió y ahora puede estar tranquilo”. La frase exacta la dijo el fiscal mientras una de las campesinas intentaba descubrir la veracidad de las palabras ahí, en esas colinas que en 2008 comenzaban a albergar a los nuevos grupos criminales, neoparamilitares o bacrim. La mirada de esta mujer a través de los barrotes de la casa que se convirtió en la guarida de los paramilitares, no dejaba ver cosa distinta que intranquilidad. Su esposo, en el traspatio de la vivienda, compartía con los demás el logro de por fin tener la “tierrita”.
Todos ellos, a excepción de Jesús Antonio viven en barrios de invasión del municipio de Tierralta. No volvieron a El Porro ni quieren volver. Las razones las expone este tierraltense con dejo paisa.
“Por aquí se pasean esos grupos y ajá, nadie quiere vivir asustado. Ellos no se meten con uno, pero de todas formas después de lo vivido en el pasado casi nadie se quiere arriesgar”. El casi es para explicar que uno que otro poblador viene de vez en cuando, le da vuelta a la tierra, recoge cocos, plátanos, yuca, y vuelve al pueblo a enfrentar la pobreza y la escasez de recursos.
El testimonio de Pulgarín es la confirmación de que la restitución en medio del conflicto es una utopía más. Si no son las bandas criminales, son las duras condiciones las que imposibilitan el retorno. En El Porro no hay agua, ni siquiera a 10 kilómetros a la redonda; tampoco hay colegios ni puesto de salud. Curiosamente cuando los paramilitares mandaban en el territorio, la cosa era otra, y en la ‘Casa de la extorsión’, como se le conoce a la vivienda en la que el fiscal Leonardo Cabana hizo público el acto de devolución de las parcelas, había hasta energía eléctrica.
En el 2009 también recibió de manos del fiscal Cabana su título de propiedad y la promesa de que “el Estado le cumplió y ahora puede estar tranquilo”. La frase exacta la dijo el fiscal mientras una de las campesinas intentaba descubrir la veracidad de las palabras ahí, en esas colinas que en 2008 comenzaban a albergar a los nuevos grupos criminales, neoparamilitares o bacrim. La mirada de esta mujer a través de los barrotes de la casa que se convirtió en la guarida de los paramilitares, no dejaba ver cosa distinta que intranquilidad. Su esposo, en el traspatio de la vivienda, compartía con los demás el logro de por fin tener la “tierrita”.
“Por aquí se pasean esos grupos y ajá, nadie quiere vivir asustado. Ellos no se meten con uno, pero de todas formas después de lo vivido en el pasado casi nadie se quiere arriesgar”. El casi es para explicar que uno que otro poblador viene de vez en cuando, le da vuelta a la tierra, recoge cocos, plátanos, yuca, y vuelve al pueblo a enfrentar la pobreza y la escasez de recursos.
El testimonio de Pulgarín es la confirmación de que la restitución en medio del conflicto es una utopía más. Si no son las bandas criminales, son las duras condiciones las que imposibilitan el retorno. En El Porro no hay agua, ni siquiera a 10 kilómetros a la redonda; tampoco hay colegios ni puesto de salud. Curiosamente cuando los paramilitares mandaban en el territorio, la cosa era otra, y en la ‘Casa de la extorsión’, como se le conoce a la vivienda en la que el fiscal Leonardo Cabana hizo público el acto de devolución de las parcelas, había hasta energía eléctrica.
“El Estado cree que cumplió, pero se olvidó de nosotros. A nadie, se lo juro, a nadie le importa esto ni la suerte de las víctimas”, Precisa Jesús Antonio Pulgarín.
DOCUMENTOS PROBATORIOS: Facsímil del impuesto predial que le cobran a Néstor Ospino.
Facsímil del acta de entrega del predio por parte de la Fiscalía.
