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| Maritza Salabarría se siente burlada por el Estado |
Maritza Salabarría, escogida por el Gobierno Nacional para presentarle al mundo las bondades de la restitución de tierras en Colombia, se siente burlada por el Estado. "La Ley de Víctimas es un engaño", asegura sin titubeos desde su hogar de paso en Fundación, departamento del Magdalena.
"Díganle a Maritza que nosotros sí sabemos que estas tierras son de ella, pero acá no entra más con policías", fue lo último que le hicieron saber a esta mujer, de 49 años, 20 de ellos desplazada.
Maritza, cuando recibió los títulos de manos del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, y del director del Incoder de entonces, Juan Manuel Ospina Restrepo, les dijo con voz entrecortada por las lágrimas y el dolor: "Necesitamos garantías para volver. Allá están Ministro, allá están. Esos hombres viven en las que eran nuestras casas, allá están y no nos van a dejar volver".
Y la realidad es que los Salabarría no han retornado.
El despojo
La ruta del despojo para esta familia ha sido cruel. El Estado los ha atendido, pero las soluciones resultan tan paquidérmicas, que el mismo Gobierno no ha terminado de desenredar la telaraña que victimiza a las víctimas y las convierte en viajeros itinerantes del desplazamiento, la incertidumbre y el miedo.La pesadilla comenzó el 7 de noviembre de 1992. Cuarenta hombres armados entraron a Mundo Nuevo, en Nueva Esperanza, zona rural de Montería, quemaron el granero de Emiro José Salabarría Gómez, cabeza de la familia, al igual que las casas que habían; desaparecieron al esposo de Maritza y se robaron 110 cabezas de ganado.
De allí en adelante los Salabarría comenzaron a desplazarse de un lado a otro. Vivieron en Planeta Rica, Córdoba; luego en Belén de Bajirá, Urabá chocoano, pero hasta allá llegó la violencia de los paramilitares, que comenzaron a apoderarse de las tierras para supuestos proyectos de palmicultura. Cuando quisieron retornar a Mundo Nuevo en 1997, y reclamar lo perdido, desaparecieron al padre de Maritza, por lo que su madre, Juana Moreno, murió de un infarto.
Venciendo el terror, en 2004 Maritza Salabarría fue a Santa Fe de Ralito, cuando estaban en marcha los diálogos Gobierno-Auc. Salvatore Mancuso le confirmó que el despojo de su familia había sido ordenado por las Auc.
A comienzos de 2007 Martiza se fue a Bogotá y denunció los hechos. Dos meses después, el 29 de marzo de 2007, desapareció otro miembro de la familia, Ángel Emiro Salabarría Moreno. Ese mismo año el presidente Álvaro Uribe Vélez le asignó un predio de paso en el municipio de Fundación, departamento del Magdalena, hasta donde se trasladó con 46 familiares, mientras que tres hermanos: Dagoberto, Damaris Salabarría y Eduard Salabarría se quedaron viviendo en Planeta Rica con sus respectivos hijos.
Ocuparon, por decisión del Gobierno Nacional, un predio del narcotraficante José Rafael Abello Silva, alias el 'Mono' Abello. Como descubrieron que algunas de las pistas clandestinas seguían operando, los amenazaron, por lo que el Estado debió refugiarlos en un hotel en Santa Marta, en donde permanecieron varios meses, hasta que los estudios de riesgo del Ministerio del Interior arrojaron que podían volver a Fundación.
Hasta ese municipio del Magdalena llegó EL MERIDIANO de Córdoba el miércoles 28 de marzo y pudo comprobar que la realidad es adversa para esta numerosa familia. Los días los pasan en una casa de un barrio pobre de calles empolvadas, mientras que las tierras están solas. Los Salabarría no tienen con qué adelantar un proyecto productivo para sostenerse.
En Planeta Rica, los otros tres hermanos se rebuscan para salir adelante. Eduard se llenó de valor y los llevó a la tierra Mundo Nuevo, la que le entregó el Estado y hoy está desolada. Apenas pastan unas vacas de propiedad de Fabio Gutiérrez, a quien el Incoder le revocó el derecho de propiedad del territorio.
Telaraña de Entuertos
"Los Salabarría sí han recibido ayuda del Estado", asegura desde Bogotá Jennifer Mojica Flórez, subgerente de Tierras del Incoder. La cifra que da a conocer esta santandereana es increíble. En los 20 años de despojo y desplazamiento, las tierras compradas en Fundación, el apoyo logístico para trasladarlos de una ciudad a otra, alimentación, entre otros subisidios que le ha brindado el Estado bien podrían sumar tres mil millones de pesos. Mucho menos de lo que valen las cinco parcelas de los Salabarría en Mundo Nuevo. ¿Qué es entonces lo que se interpone a una solución definitiva?El Incoder no ha podido desenredar totalmente la madeja de Maritza y de los 291 predios de Mundo Nuevo que fueron desalojados en 1992, y que hoy hacen parte de los 5.2 millones de desplazados dentro y fuera de Colombia, cifra de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Lo paradójico es que la historia la enturbió el mismo Estado, cuando funcionarios del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) en Córdoba adjudicaron los predios a particulares, apelando a que estaban abandonados. Esa fue la modalidad empleada por las autodefensas en su particular interés de apoderarse de las tierras adjudicadas por el Estado a los campesinos.
Manchego Velásquez ya había trasladado el derecho de dominio a Fabio Gutiérrez Velásquez. La diligencia fue hecha ante el notario de Pueblo Nuevo Pedro José Álvarez Amarís. Manchego cedió el derecho de dominio de Gutiérrez un año antes de que el Incora le entregara la parcela. Y lo hizo a pesar de que había una limitante, según el registro, mediante la cual era prohibida cualquier transacción comercial sin permiso del Incora.
A los Salabarría el Incoder les devolvió dos de las parcelas, bajo la
figura de restitución y readjudicación. Lo cierto es que ellos tienen
los títulos pero no la tierra. No pueden retornar porque no existen
garantías de seguridad, como lo pudo comprobar EL MERIDIANO cuando fue
hasta Mundo Nuevo con Eduard Salabarría. La tensión en este punto de
Montería, al que solo se accede por Planeta Rica, es total. Los
pobladores escrutan con la mirada al extraño que llega y se resguardan
en sus casas de palma. Nadie dice nada porque días después de que la
Policía llegó a acompañar a Maritza y a sus hermanos, arribaron al
caserío alias ‘Burro plomo’ y un secuaz, dicen que de la banda criminal
Las Águilas o Los Urabeños, a advertir que no se volvieran ‘sapos’.
El caso, sin duda configura las inconsistencias posibles que se han venido cometiendo en Colombia frente al tema tierras. De ahí se deriva la intervención del Incoder, que comenzó a reversar los procesos y a declarar la caducidad administrativa de las resoluciones en un litigio jurídico demorado en el tiempo, y además costoso, pues mientras eso se da el Estado debe asumir la protección, seguridad y sostenimiento de los desplazados. El 30 de noviembre del año pasado el Incoder les devolvió la parcela a los Salabarría.
Otras dos parcelas que los Salabarría reclaman, figuran a nombre del hacendado paisa Fabio Gutiérrez. Su abogada en Montería, María Cecilia De la Ossa, asegura que surtidos los trámites de ley, la realidad es otra, y que han podido probar, hasta el momento, que las parcelas fueron adjudicadas por la vía legal y sin que se haya comprobado una compra bajo presión o despojo alguno. Es más, sostiene que los procesos del Incoder que les devolvió las parcelas a los Salabarría tienen un detalle que puede ser sujeto de demanda ante el Consejo de Estado.
A los Salabarría el Incoder les devolvió dos de las parcelas bajo la figura de restitución y 'readjudicación'. Lo cierto es que ellos tienen los títulos, pero no la tierra. No pueden retornar porque no existen garantías de seguridad, como lo pudo comprobar EL MERIDIANO de Córdoba cuando fue hasta Mundo Nuevo con Eduard Salabarría. La tensión en este punto de Montería, al que solo se accede por Planeta Rica, es total. Los pobladores escrutan con la mirada al extraño que llega y se resguardan en sus casas de palma. Nadie dice nada porque días después de que la Policía llegó a acompañar a Maritza y a sus hermanos, arribaron al caserío alias 'Burro plomo' y un secuaz, dicen que de la banda criminal Las Águilas o Los Urabeños, a advertir que no se volvieran 'sapos'.
Jennifer Mojica, en Bogotá, asegura que el estudio de riesgo del Ministerio da cuenta de que los Salabarría pueden retornar, Maritza, en Fundación, asegura que es imposible.
La funcionaria del Incoder dice que Maritza y su familia han tenido 'suerte' porque después de tanta lucha tienen los títulos, sin embargo, al detallar el padecimiento durante 20 años, no cabe duda de que el costo que han tenido que pagar es demasiado alto. Lo que le espera a los despojados en Colombia es vivir en medio de una trinchera jurídica y violenta, mientras que instancias como el Incoder, la Oficina de Restitución de Tierras (ambas adscritas al Ministerio de Agricultura) y la Superintendencia de Notariado y Registro desenredan la telaraña.
El caso, sin duda configura las inconsistencias posibles que se han venido cometiendo en Colombia frente al tema tierras. De ahí se deriva la intervención del Incoder, que comenzó a reversar los procesos y a declarar la caducidad administrativa de las resoluciones en un litigio jurídico demorado en el tiempo, y además costoso, pues mientras eso se da el Estado debe asumir la protección, seguridad y sostenimiento de los desplazados. El 30 de noviembre del año pasado el Incoder les devolvió la parcela a los Salabarría.
Otras dos parcelas que los Salabarría reclaman, figuran a nombre del hacendado paisa Fabio Gutiérrez. Su abogada en Montería, María Cecilia De la Ossa, asegura que surtidos los trámites de ley, la realidad es otra, y que han podido probar, hasta el momento, que las parcelas fueron adjudicadas por la vía legal y sin que se haya comprobado una compra bajo presión o despojo alguno. Es más, sostiene que los procesos del Incoder que les devolvió las parcelas a los Salabarría tienen un detalle que puede ser sujeto de demanda ante el Consejo de Estado.
A los Salabarría el Incoder les devolvió dos de las parcelas bajo la figura de restitución y 'readjudicación'. Lo cierto es que ellos tienen los títulos, pero no la tierra. No pueden retornar porque no existen garantías de seguridad, como lo pudo comprobar EL MERIDIANO de Córdoba cuando fue hasta Mundo Nuevo con Eduard Salabarría. La tensión en este punto de Montería, al que solo se accede por Planeta Rica, es total. Los pobladores escrutan con la mirada al extraño que llega y se resguardan en sus casas de palma. Nadie dice nada porque días después de que la Policía llegó a acompañar a Maritza y a sus hermanos, arribaron al caserío alias 'Burro plomo' y un secuaz, dicen que de la banda criminal Las Águilas o Los Urabeños, a advertir que no se volvieran 'sapos'.
Jennifer Mojica, en Bogotá, asegura que el estudio de riesgo del Ministerio da cuenta de que los Salabarría pueden retornar, Maritza, en Fundación, asegura que es imposible.
La funcionaria del Incoder dice que Maritza y su familia han tenido 'suerte' porque después de tanta lucha tienen los títulos, sin embargo, al detallar el padecimiento durante 20 años, no cabe duda de que el costo que han tenido que pagar es demasiado alto. Lo que le espera a los despojados en Colombia es vivir en medio de una trinchera jurídica y violenta, mientras que instancias como el Incoder, la Oficina de Restitución de Tierras (ambas adscritas al Ministerio de Agricultura) y la Superintendencia de Notariado y Registro desenredan la telaraña.
